En una nueva jugada en el juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno le pidió a la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que se extendiera la responsabilidad de depositar una garantía para evitar embargos hasta que Javier Milei asuma la presidencia.
Es que, tras el resultado del balotaje, la magistrada accedió al pedido de la Argentina para no depositar US$16.000 millones mientras apela la sentencia, pero a cambio pidió la entrega de algunos activos. Sin embargo, la fecha límite para realizarlo era el 5 de diciembre, cinco días antes de que el libertario se ponga la banda presidencial y ahora el Gobierno pretende que se dilate esa fecha hasta el 10 de enero.
“El presidente electo prestará juramento el 10 de diciembre y se espera que la nueva administración nombre nuevos líderes para el gabinete y los ministerios de la república a partir de esa fecha. Dada la transición, la República solicita respetuosamente que la decisión provisional de ejecución de la sentencia definitiva vigente hasta el 5 de diciembre y el plazo concurrente del 5 de diciembre para pignorar ciertos activos como condición de una nueva suspensión, se extiendan hasta no antes del 10 de enero”, expresa la solicitud enviada.
En ese sentido, explica: “Los abogados de la República han consultado con los abogados de los demandantes, quienes han dicho que se oponen a cualquier extensión, a menos que la República primero acuerde un cronograma acelerado para la apelación, una de las dos condiciones de suspensión en la orden del tribunal del 21 de noviembre. La República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la orden judicial”.
“Acelerar el cronograma de presentación de informes en la apelación sería un desafío porque los demandantes presentaron una apelación cruzada e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, las cuales requerirán información adicional. Además, la nueva administración ya tendrá un tiempo limitado entre el momento en que asuma el cargo y la fecha límite para el escrito inicial de la República para analizar las complejas cuestiones en apelación y revisar el borrador”, señala el documento que fue compartido por el especialista en el juicio, Sebastián Maril.
Días atrás, Preska accedió al pedido argentino de evitar depositar la totalidad del fallo, que respondía a pagar US$16.100 millones. Pero “ordenó a Argentina a aportar otros activos mencionados por los demandantes (acciones YPF, entre otros) como garantía para evitar embargos”, preció Maril. También suspendió posibles embargos hasta la totalidad del fallo.
La jueza de Nueva York manifestó en el escrito que “en lugar de una fianza y como condición para suspender la ejecución, la República dará como garantía a los demandantes su participación accionaria en YPF (es decir, los intereses no destinados a las provincias argentinas), y además sus cuentas por cobrar del proyecto Yacyretá”.
Preska, además, fijó una fecha límite para cumplir con lo dispuesto: “La Argentina deberá hacerlo a más tardar el 5 de diciembre de 2023. La ejecución de la sentencia definitiva queda suspendida hasta esa fecha, sujeta a una nueva suspensión una vez cumplidas las condiciones aquí ordenadas”.
La magistrada estadounidense sentenció: “A la luz de la garantía mínima requerida y para evitar mayores demoras, la Corte exige que la Argentina busque rápidamente una revisión acelerada de su apelación como condición para proceder sin garantía total”.
Ahora, el Gobierno deberá esperar a que la jueza Preska defina la situación y rechace el pedido o, por el contrario, alargue el período de entregar los activos y sea Milei quien esté a cargo de la responsabilidad.
